La Jueza Gisela Flamini señaló que el Código Penal argentino, redactado en 1921, no contempla figuras específicas para los delitos digitales, lo que genera vacíos legales. Dijo que, aunque grabar la intimidad de una persona es claramente ilegal, ese tipo de violación a la privacidad se tramita por la vía civil y no penal. “Necesitamos el resultado de las pericias para determinar qué delito corresponde. No puedo anticiparme sin pruebas concretas”, remarcó.
La magistrada confirmó que durante el allanamiento se secuestraron alrededor de 200 CD, dos computadoras, una cámara de filmación y una memoria. Consideró que el procedimiento fue exitoso porque permitió preservar material clave para las pericias. También reveló que el acusado ya fue notificado de las denuncias y cuenta con defensa legal.
Sobre la demora en los allanamientos, Flamini explicó que el sistema judicial sigue siendo burocrático y dependiente del papel, lo que retrasa los trámites. Sin embargo, resaltó que la intervención policial fue rápida para evitar la destrucción de pruebas.
Por último, la jueza subrayó la necesidad urgente de actualizar el Código Penal para incorporar delitos vinculados a la era digital. “El daño que causa una violación a la intimidad no puede reducirse a una cuestión civil. Estas conductas deben tener sanciones penales”, afirmó.
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