“Cuando nos fuimos a dormir me quedé un rato más cargando el celular y de golpe se fue la corriente. Sentí el ruido de una moto. Al otro día salí y vi los cables cortados desde el pilar”, relató Ana en comunicación con medios locales, atribuyendo directamente el hecho a su ex pareja.
La mujer sostiene que la violencia es sostenida y sistemática: “Lo corrí de mi casa con la policía el 22 de febrero por agresiones físicas, psicológicas y económicas, sobre todo con mis hijos”, afirmó. Según Ana, el hombre —que actualmente se desempeñaría laboralmente en un multimedio municipal y como Uber Moto— no respeta la orden de restricción perimetral vigente.
“Tengo miedo que me prenda fuego la casa. Me siento completamente desamparada por la ley”, expresó con angustia. Ana es madre de dos niños, uno de ellos con discapacidad, y asegura que su ex pareja ha llegado incluso a seguir a su hijo cuando va a la escuela, situación que ha derivado en una denuncia por violencia infantil.
“Las veces que intenté denunciarlo no me creían, porque afuera parece que no mata una mosca, pero de puertas para adentro era violento. Me pedía plata, nunca tenía. Siempre fue agresivo”, agregó.
Ana afirma que necesita actualizar la perimetral, ya que el denunciado continúa merodeando la zona: “No tengo hijos con esta persona, yo no le pido nada. Solo quiero que me deje en paz”.
El caso vuelve a poner en evidencia las falencias en el sistema de protección a víctimas de violencia de género, y el urgente llamado de atención a las autoridades competentes para garantizar seguridad y justicia a quienes denuncian este tipo de situaciones.
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