La reparación económica fue dispuesta por el juez Gustavo Urdiales, en el marco de una audiencia de suspensión de juicio a prueba (también conocida como “probation”), luego de que un llamado anónimo alertó a las autoridades del maltrato que sufría el animal, según informó Télam.
La imputada, cuyas iniciales son P.I.A., deberá entregar 40 mil pesos a una veterinaria que está atendiendo al perro y deberá cumplir una serie de reglas de conducta por los próximos dos años, entre ellas la prohibición de no tener en su poder animales domésticos, ya sea en tránsito o de manera definitiva.
La investigación comenzó con un llamado anónimo a la Brigada Ecológica de la policía de la provincia, que derivó en la apertura de una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El organismo indicó que “el domingo pasado los uniformados advirtieron el mal estado de salud en el que estaba un perro que la imputada tenía en su vivienda”, por lo que “los brigadistas se llevaron al animal para que reciba atención veterinaria”.
En la audiencia, la fiscalía informó que “el can es de raza pitbull y fue maltratado durante aproximadamente diez años”, ya que “al ser revisado se constató que tenía desnutrición severa, inestabilidad, hipertermia, deshidratación y caquexia extrema”.
El perro, además, presentaba “una fractura no tratada y la consecuente discapacidad completa de una de sus patas traseras que pudo haberse evitado con una intervención oportuna”, amplió la fiscalía. También “tenía escaras con gran infección, ectoparásitos y lesiones cortantes en parte de la cadera”, añadió el MPA, que luego remarcó que “debido a que la vida del can estaba en riesgo, fue internado con suero para tratar el dolor agudo que sufría y brindarle los cuidados necesarios”.
