El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que aún no ha recibido información oficial por parte de Irán respecto a la reciente decisión de restringir el acceso de sus inspectores a las instalaciones nucleares del país. La medida fue formalizada este miércoles por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien promulgó una ley aprobada por el Parlamento que condiciona cualquier inspección futura a la autorización del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y a garantías de seguridad para las actividades nucleares “pacíficas”.
La decisión se produce en un contexto de alta tensión regional, tras una serie de ataques militares. El 13 de junio, Israel lanzó una ofensiva contra objetivos nucleares iraníes, lo que desencadenó una respuesta de Teherán mediante el lanzamiento de misiles y drones. Posteriormente, el 22 de junio, Estados Unidos bombardeó tres instalaciones clave: Fordow, Natanz e Isfahán. Un alto el fuego mediado por Washington entró en vigor el 24 de junio.
Irán acusa al OIEA, dirigido por el argentino Rafael Grossi, de actuar con parcialidad y de haber sido instrumentalizado por potencias occidentales. Según el régimen, el informe del organismo del 12 de junio —que denunciaba violaciones del acuerdo nuclear— fue utilizado como justificación para los ataques. Además, Teherán sostiene que el silencio del OIEA ante los bombardeos constituye una violación del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
En declaraciones a Radio France Internationale, Grossi reconoció que las relaciones con Irán atraviesan “una cierta tensión” y que ha ofrecido viajar a Teherán para reanudar el diálogo, sin haber recibido respuesta hasta el momento.
La suspensión de la cooperación con el OIEA representa un punto de inflexión en la política nuclear iraní y consolida una postura de opacidad frente a la comunidad internacional. La situación genera preocupación en el ámbito diplomático, ya que debilita los mecanismos multilaterales de verificación y aumenta el riesgo de una escalada en la región.
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