A partir del 1 de enero, los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral. Van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación. Tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas.
En paralelo, consolidamos el programa Puente al Empleo. Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año y el empleador que lo tome, va a tener que completar el salario de convenio, pero además para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo.
El enorme desafío que recorre la Argentina, es entender que trabajo y educación son los dos motores de movilidad social ascendente, y que generar oportunidades a aquellos que a lo largo de muchos años fueron excluidos por diferentes crisis económicas y sociales, o por una mirada pequeña por parte del Estado, en el caso de las personas con discapacidad, tiene que ser una barrera que rompamos para garantizar que la inclusión en el mercado de trabajo genere las oportunidades que los beneficiarios de programas sociales y aquellos que son beneficiarios de la pensión por discapacidad, tengan definitivamente sus oportunidades.
Es muy importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones, pero sobre todas las cosas, garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos y todas los argentinos.
