En 48 horas, el bloque peronista en el Senado consiguió superar la instancia de comisiones y se apresta la próxima semana para tratar en sesión los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad, que cuentan con media sanción de Diputados.
Tras haber dictaminado el martes en la Comisión de Trabajo, el interbloque de Unión por la Patria volvió a mostrarse unido y obtuvo el acompañamiento de otros espacios para dictaminar este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde su presidente, el libertario Ezequiel Atauche, se ausentó. Sin embargo, la mayoría K permitió que se abra el debate y se reúnan 10 firmas, gracias a la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri y los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, en disidencia. Minutos antes, el proyecto para reforzar la asistencia en discapacidad había sido aprobado en la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
Desde el peronismo apuntaron contra “la empecinada intención del oficialismo de frenar el debate en ese cuerpo”. “Por decisión de las autoridades de la Cámara, hasta se recayó en un claro hecho de censura y en una abierta violación del derecho a la información del pueblo argentino, dado que se prohibió la transmisión en directo de la reunión por parte de Senado TV y por las redes sociales de la Cámara”, denunciaron.
“Los referidos dictámenes fueron validados con sus firmas y, a viva voz, por diez senadores y senadoras de distintos bloques parlamentarios que integran la referida comisión, entre ellos siete del interbloque de Unión por la Patria. A la hora prevista para el encuentro, que había sido solicitado vía nota por diferentes bancadas legislativas, nueve senadores dijeron presente en el Salón de Lectura del Palacio Legislativo y dieron quórum para iniciar la sesión, a la que asistió el secretario Parlamentario de la Cámara Alta, Agustín Giustinián”, argumentaron.
El bloque K espera tratar los tres dictámenes el próximo jueves 10 de julio. Por su parte, los libertarios sostienen que “no se respetaron las formalidades de la convocatoria de la comisión”.
El principal temor del Gobierno es que la oposición vuelva a mostrarse sin divisiones, y quiera tratar sobre tablas el proyecto de ley de los gobernadores que buscan forzar fondos nacionales con modificaciones en el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles. El proyecto ingresó en las últimas horas a la Cámara Alta. De todas formas, desde la Casa Rosada ratifican que todos estos proyectos serán vetados si son aprobados.
Qué dicen los proyectos
En diputados se aprobó un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales), y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación.
Por otro lado, se votó favorablemente la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que posibilita que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima. Los expedientes fueron aprobados con 142 votos afirmativos, mientras que hubo 67 votos en contra y 19 abstenciones.
El proyecto de emergencia de Discapacidad plantea saldar deudas y actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios, como el caso de transportistas o acompañantes terapéuticos. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
En este sentido, se impulsa una reforma del sistema de pensiones no contributivas, garantizando el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
En este contexto, se pretende mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), acelerar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
También se remarca la necesidad de que el Ejecutivo informe regularmente la ejecución presupuestaria sobre las políticas en la temática e incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción. A su vez, se sostiene el pedido del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
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