Desde la Unidad Fiscal de Flagrancia informaron que se cometieron 17 delitos penales bajo esa modalidad, cuya investigación, acusación y elevación a juicio, se encuentra a cargo del cuerpo de fiscales junto a su equipo técnico.
Luego del proceso pertinente, los fiscales a cargo solicitan la pena al Tribunal Unipersonal, que decide la condena de cada uno de los imputados. Además, en este periodo se resolvieron cinco Suspensiones de Proceso a Prueba.
Asimismo, la Unidad Fiscal indicó que durante este mes los delitos en situación de Flagrancia fueron mayoritariamente contra la propiedad privada. Las condenas se ejecutaron mediante Juicio Abreviado, cuyo procedimiento especial garantiza la celeridad en la resolución de las causas.
Este proceso funciona como una opción a los juicios comunes, ya que la existencia de pruebas contundentes y la modalidad del delito (flagrancia) -aquellos casos en los que el autor es sorprendido cometiendo el delito-, permite acortar los tiempos del procedimiento. Para ello debe existir un acuerdo entre el fiscal de la causa, el imputado, y su defensor.
Los diecisiete Juicios Abreviados realizados en este periodo son el resultado del trabajo de los fiscales Andrea Moreno, Nadia Schargrodsky, Luis González Aguirre y Martín Oneto, junto al equipo técnico de la Unidad Fiscal de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal; quienes realizan la investigación y la acusación en cada uno de los casos.
Además, en noviembre también se efectuaron cinco Suspensiones de Juicio a Prueba, entre ellas dos casos de “HURTO EN FLAGRANCIA” y uno calificado como “ATENTADO AGRAVADO POR LA AUTORIDAD Y HURTO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA”.
En los cinco casos la Suspensión de Proceso a Prueba es de un año, durante el cual, los imputados deberán realizar una reparación económica a la víctima; tener por constituido el domicilio y comunicar cualquier cambio del mismo. También deben concurrir una vez al mes ante el Juzgado de Ejecución Penal para registrar su asistencia y culminar sus estudios secundarios.
Otras de la condiciones a cumplir es la prohibición de acercamiento a la víctima y/o su domicilio y no cometer un nuevo hecho delictivo. En caso de no cumplir con las condiciones impuestas, se les revocará el beneficio y continuará el proceso normal.
Estas medidas alternativas con las que trabaja el Ministerio Público Fiscal, son utilizadas con el objetivo de brindar una reparación a la víctima con una solución de alta calidad y celeridad de su causa. Igualmente, la utilización de estas medidas ayuda a mejorar la distribución de los recursos judiciales, procurando dar trato primordial a las causas más graves en cuanto a pena establecida, consolidando herramientas jurídicas que promueven la eficiencia de todo el sistema penal.
