La jueza Karina Andrade justificó la decisión de liberar a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso durante la movilización por los jubilados: “No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a expresarse, a manifestarse”, sostuvo.
En declaraciones radiales, Andrade afirmó que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones y señaló a la Fiscalía, porque no entregó pruebas ni pidió medidas en la causa.
“Las detenciones estaban siendo informadas sin los datos básicos. No había un control judicial efectivo. No me fue traído ningún contexto delictivo”, sostuvo la jueza Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15.
“Merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía”, agregó. “La fiscalía podrá seguir la investigación y se harán todas las medidas de prueba. La sentencia dejó en claro cuál es el ABC del control de la detención de una persona en este país”, definió.
“Fue una ponderación de derechos. En ese momento tuve que advertir cuáles eran las personas que necesitaban una respuesta rápida y cuáles eran los derechos que había que preservar”, agregó.
Según explicó, “lo único que importaba era si tenían un pedido de captura. Si tenían antecedentes forma parte de la investigación. Eso lo va a tener que traer la Fiscalía”, afirmó, al refutar las críticas del gobierno nacional y de la Ciudad.
El Gobierno evalúa denunciar a la jueza Andrade
En las últimas horas, la primera plana del Gobierno lanzó duras críticas contra Andrade por haber ordenado la liberación de 114 detenidos en los incidentes.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que evalúa denunciar a Andrade ante el Consejo de la Magistratura de CABA “por posible incumplimiento de sus funciones”.
“La jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quién envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas”, sostuvo.
A su vez, indicó que “no se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”.
También recibió fuertes cuestionamientos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera. Es muy difícil combatir la violencia organizada”
En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario fue más allá en sus cuestionamientos contra la titular del Juzgado N°15. “Lo que debería funcionar es la aplicación de la ley con más dureza”, reclamó.
“Más de la mitad de los detenidos tiene graves antecedentes penales por violación reiterada de la ley de drogas, atentado y resistencia a la autoridad, infracción al Artículo 183, daños, robo, arrebato, infractores a la ley 451 de manera reiterada, hurto y lesiones”, había asegurado por su parte el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
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