La presentación se realizó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas.
“La víctima nos representa a todas, porque esta modalidad de violencia se da de manera sistemática en el sector público y privado, independientemente de la clase social, y se da a nivel mundial, ya que el relato siempre es el mismo, solo cambia el escenario y la protagonista”, dijo a Télam Julieta Saulo, fundadora de Las Casildas.
Esta es la primera vez que un caso de violencia obstétrica de Argentina llega a ese organismo, confirmó la profesional.
La petición -técnicamente denominada comunicación- se solicitó a causa de la imposibilidad de acceder a la justicia por parte de una víctima de violencia obstétrica que reside en la Ciudad de Buenos Aires, quien agotó todas las instancias existentes en el país y aún después de casi tres años del hecho no logró ninguna resolución ni reparación por la vulneración que vivió y por las graves secuelas con las que convive.
“Esto constituye una denegación de justicia y una inobservancia de las obligaciones del Estado Nacional”, aseguró el equipo de Justicia y Reparación a través de un comunicado.
Se trata de una organización que reúne a profesionales de la abogacía que litigan casos de personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos producto de la acción u omisión del Estado, y tiene sede en Argentina y otros países.
Este año llevaron ante CEDAW, por primera vez, un femicidio ocurrido en Argentina, el de Florencia Albornoz, asesinada por Miguel Ángel Mazo, en 2010.
Saulo valoró que esa organización se contactara, ya que “como asociación civil que trabaja hace muchos años en la temática y con limitaciones, no brindamos patrocinio jurídico, pero Justicia y Reparación se especializa en esa área, entonces surgió la posibilidad, desde nuestra perspectiva histórica, de llevar por primera vez a ONU un caso de violencia obstétrica, buscando reparación”.
En Argentina “las denuncias que se realizan no finalizan en justicia para las víctimas, ya que el marco normativo no prevé penas para quienes cometan este tipo de vulneraciones”, agregó.
La ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres incorpora a la violencia obstétrica, pero no contempla sanciones.
“Es una modalidad de violencia de carácter sexual. El parto es un acto sexual y la violencia y vulneración están marcados dentro de la violencia sexual y es algo que se da de manera sistemática”, resaltó la titular de la ONG.
Y aseguró que la violencia obstétrica “está absolutamente invisibilizada y naturalizada, sumado a la inexistente capacitación a las y los profesionales obstétricos en materia de género y derechos lo que provoca que la deuda con la integridad, dignidad y bienestar de las mujeres y sus hijas e hijos se torne descomunal”.
“Llegó el momento de subsanar esta situación de manera urgente. Es un gran paso en el derecho de las mujeres”, celebró Saulo.
En febrero de este año, la Cedaw emitió la primera resolución sobre violencia obstétrica, cuando condenó a España a indemnizar a una mujer de 43 años que llegó en 2009 a un hospital en Lugo, en el noroeste del país, con un embarazo sin complicaciones.
La sanción fue por “las numerosas intervenciones que le efectuaron sin que haya recibido explicaciones al respecto y sin que se le haya permitido opinar al respecto”.
España debe indemnizar a la madre de forma “adecuada a los daños de salud física y psicológica sufridos” y además, el comité instó al Estado a tomar una serie de medidas para prevenir esta modalidad de violencia.
“Esperamos una evolución similar al caso español”, concluyó Saulo.
