El exsecretario general del Gobierno peruano Bruno Pachecho se entregó a la Justicia tras más de cien días prófugo y permanecerá detenido mientras es investigado por corrupción en un caso en el que también está siendo investigado el presidente, Pedro Castillo, informó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según el diario El Comercio, a través de un intermediario, el exsecretario se puso en contacto con el equipo de la fiscal Marita Barreto al notar que su paradero estaba cerca de ser descubierto. Su detención se habría logrado tras una negociación con la Fiscalía y el grupo especial de la Policía.
Según la misma fuente, Pacheco habría decidido salir de la clandestinidad por temor a que atenten contra su vida y por complicaciones de salud y a cambio de colaborar con la Justicia se le otorgaría arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
“Para mi Gobierno es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la justicia. Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo, esperamos que se imponga la verdad”, expresó en Twitter Castillo.
El abogado del presidente, Benji Espinosa, dijo en una entrevista con RPP que lo que corresponde ahora es que el Ministerio Público actúe conforme a ley.
Según el letrado, si Pacheco entrega información a la Fiscalía, esta tiene que ser sometida a corroboración; “es decir, a actos de investigación para confirmar lo dicho”. “Y esto toma, por supuesto, tiempo”, sostuvo.
“Si es verdad que Bruno Pacheco se acoge a la colaboración eficaz, tendríamos a una persona más que busca canjear su libertad a cambio de información, en principio, de dudosa procedencia”, alertó.
“Para mí lo más importante es el escenario de la corroboración. Hasta ahora ni lo que ha dicho el señor Zamir Villaverde ni lo que ha dicho la señora Karelim López se ha corroborado. Seguirá la misma suerte el señor Bruno Pacheco”.
Villaverde y López son los dos empresarios involucrados en el presunto ilícito.
Agregó que hoy se reunirá con Castillo para “abordar todos los casos, entre ellos esta situación”.
En abril pasado, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó 36 meses de prisión preventiva en contra del exfuncionario por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal en el caso Provías-Puente Tarata.
Bruno Pacheco renunció en noviembre del 2021 al cargo de secretario general de Despacho Presidencial tras los escándalos que lo vincularon con el presunto tráfico de influencias en instituciones públicas y al hallazgo de 20.000 dólares en el baño de su oficina en el Palacio de Gobierno, durante un operativo de la Fiscalía por el caso de presuntas presiones a un funcionario de aduanas para favorecer a ciertas empresas.
Actualmente, es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y por presunto tráfico de influencias.
A fines de junio último, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recomendó en su informe final acusar constitucionalmente al presidente Castillo por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Entre las conclusiones del informe se encuentra que el mandatario, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Estos puntos señalados en el informe son el marco del caso Puente Tarata, en donde también se menciona que estas relaciones entre Castillo, Pacheco, Villaverde y López se dieron durante el proceso de selección para adjudicar la obra.
