El dictador, Nicolás Maduro, lleva días intentando desacreditar el escalofriante informe sobre delitos de lesa humanidad de su régimen.
La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dcitadura chavista desde 2014 hasta la actualidad.
La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolas Maduro”, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Los métodos de tortura, la instalación de centros clandestinos de detención y el diseño de un plan de persecución sistemática contra la oposición del régimen de Maduro recuerdan a las dictaduras latinaomericanas de los oscuros años 70.
Los investigadores documentaron los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos contra las personas detenidas:
-Posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos)
-Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua
-Golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes
-Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo
-Amenazas de muerte o de violencia adicional
-Amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares
-Desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas
-Estar encadenado durante largos períodos de tiempo
Los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del régimen para reprimir a la oposición, afirmó la ONU en un informe.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, denunció Valiñas, presidenta de la Misión.
Las conclusiones del informe muestran el papel del Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos “en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señaló la misión en un comunicado.
Las torturas tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país.
“Las personas detenidas en centros de detención secretos fueron sometidas a actos de tortura incluyendo violencia sexual. Las mujeres que eran llevadas a casas de seguridad fueron agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas. Los varones y los objetivos militares recibieron descargas eléctricas en el cuerpo, fueron asfixiados, desvestidos y retenidos desnudos, amenazados de muerte, violados y mutilados genitalmente, y golpeados”, denunció Naciones Unidas.
También indicó que estas “casas de seguridad” son administradas por Alexánder Enrique Granko Arteaga, el director de Asuntos Especiales de la DGCIM. La mayoría de estas viviendas pertenecían a presuntos narcotraficantes o familias acomodadas, y fueron incautadas por los organismos gubernamentales.
Fuentes de la Misión dijeron que Granko Arteaga, considerado como uno de los funcionarios que actúa con mayor crueldad en las violaciones de derechos humanos, también depende directamente de Maduro.
