La Justicia de Entre Ríos rechazó este lunes el pedido de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para quedarse con la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exsenador nacional Edgardo Kueider. El fallo, firmado por el juez de Garantías N°2 de Concordia, Edwin Ives Bastián, confirma que la causa seguirá tramitándose en la jurisdicción provincial a menos que la Corte Suprema decida lo contrario.
La decisión deja en suspenso la disputa entre los tribunales de Concordia y San Isidro, y pone ahora en manos del máximo tribunal la definición sobre qué fuero debe investigar al dirigente, involucrado en presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero.
En una resolución de más de 8 páginas, el juez Bastián adoptó como propios los argumentos del fiscal provincial José Emiliano Arias, quien se opuso tajantemente a entregar la causa. Para ambos, no hay elementos suficientes que justifiquen que el expediente pase al fuero federal, ya que los hechos investigados refieren a la función pública provincial.
“Es el fuero provincial el que legalmente debe continuar con la investigación”, afirmó el magistrado, quien además recordó que la competencia federal es “de excepción” y debe aplicarse solo cuando exista una vinculación directa y necesaria con hechos de competencia nacional, lo que —según evaluó— no sucede en este caso.
Bastián también cuestionó el intento de vincular la causa por enriquecimiento ilícito con la trama “Securitas” que lleva adelante Arroyo Salgado. Según el fallo, aunque la jueza considera que Kueider podría haber intervenido en maniobras de corrupción en ENERSA, “en las resoluciones de procesamiento dictadas en la causa ‘Securitas’ no se menciona su nombre ni se le atribuye participación directa”.
El juez provincial dejó en claro que el enriquecimiento ilícito que se investiga en Concordia corresponde a hechos cometidos durante la trayectoria política de Kueider en la administración pública entrerriana, entre 1999 y 2019, y hasta dos años después de dejar el cargo, como permite el Código Penal. En ese sentido, subrayó que esos hechos son “independientes” de los que se siguen en la causa federal.
Incluso, el fallo menciona que si bien la empresa Betail S.A., a nombre de Kueider, adquirió inmuebles en el mismo edificio donde también aparecen propiedades vinculadas a otros investigados en “Securitas”, eso no basta para que la justicia federal “absorba” la causa por enriquecimiento ilícito, ya que esas compras ocurrieron en el ámbito provincial.
Por otro lado, Bastián remarcó que la inscripción de Kueider como director de Betail S.A. se produjo recién en diciembre de 2019, cuando ya había asumido como senador nacional, y las operaciones inmobiliarias de la firma se hicieron en 2021, por lo que, aunque se pueda sospechar de un eventual lavado de dinero, la justicia provincial sigue siendo competente al menos hasta ese año.
Kueider, quien fuera secretario general de la Gobernación de Entre Ríos (2015-2019) y antes concejal y funcionario municipal en Concordia, está bajo la lupa por la supuesta acumulación ilícita de un patrimonio millonario. Según la denuncia original presentada en Concordia, el exsenador habría incrementado notablemente sus bienes durante sus años como funcionario, valiéndose de empresas como Betail S.A. y otras personas interpuestas para ocultar propiedades y activos.
Mientras tanto, en Buenos Aires, Arroyo Salgado lleva adelante la causa “Securitas”, que investiga una red de corrupción a partir de la denuncia de la firma de seguridad Securitas Argentina. Allí se apunta a coimas para asegurarse contratos con empresas estatales, incluyendo la distribuidora de energía entrerriana ENERSA, y la jueza entiende que Kueider estaría relacionado con esas maniobras, por lo que pidió que todo se unificara en su juzgado.
En su resolución, Bastián invitó formalmente a Arroyo Salgado a plantear la cuestión de competencia ante el “superior común”, es decir, la Corte Suprema, para que resuelva de manera definitiva quién debe investigar a Kueider.
Más allá del tironeo entre jueces, lo concreto es que Kueider sigue comprometido en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y, posiblemente, por lavado de activos. Hasta ahora, el fiscal Arias sostuvo que la Justicia de Entre Ríos debe avanzar en esclarecer cómo fue que el exsenador logró acumular bienes y dinero a lo largo de sus dos décadas como funcionario.
Entre los bienes investigados figuran departamentos y cocheras de lujo en Paraná, que habrían sido adquiridos a través de Betail S.A., y cuyo origen se sospecha que podría estar vinculado al ejercicio irregular de la función pública.
A menos que Arroyo Salgado insista con su pedido ante la Corte Suprema, la causa seguirá su curso en los tribunales provinciales de Concordia.
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