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La Corte Suprema ordenó suspender la entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche

Por unanimidad, el máximo tribunal hizo lugar al reclamo planteado por el Ejército Argentino y paralizó la medida

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este miércoles suspender la entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche, en la provincia de Río Negro, a partir de una queja planteada por el Ejército Argentino, en medio de una disputa por un predio de 180 hectáreas en el sur del país.

La cesión de los terrenos había sido ordenado por un fallo de primera instancia, en favor de la comunidad Millalonco-Raunquhue, que reclamó la titularidad de los terrenos ubicados en el faldeo suroeste del cerro Otto, a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez.

El Ejército, por su parte, afirma que los terrenos son usados para el entrenamiento de los integrantes de la fuerza.

El planteo inicial de la comunidad mapuche recayó en el juzgado de la jueza subrogante Silvina Domínguez, quien resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional transfiriera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la posesión del predio, a fin de cedérselos a la comunidad. Tal decisión generó numerosas críticas en el seno de la sociedad barilochense, y en paralelo fue recurrido por los apoderados del Ejército.

Así llegó trámite a la Cámara Federal, en segunda instancia, en donde fue considerado “extemporáneo”. Superada esa instancia, tanto el Ejército como la Procuración General de la Nación, acudieron a la Corte.

El Procurador Eduardo Casal, en su presentación, afirmó que el fallo de la jueza Domínguez incurría en “graves afectaciones de la legalidad, del debido proceso legal y de los intereses generales de la sociedad que se encuentran comprometidos, toda vez que el avance hacia el cumplimiento de la decisión profundizará aún más los perjuicios señalados”.

Tras ese derrotero, finalmente la Corte se expidió. En un fallo que lleva la firma de sus cuatro miembros, el máximo tribunal dispuso que se suspenda el curso del proceso, por considerar que existe gravedad institucional en la gestión en la que intervinieron los organismos del Estado para ordenar la adjudicación de los terrenos a la comunidad mapuche que los reclama.

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