Si en la cúpula de la CGT todavía persistían algunas dudas sobre la conveniencia de concretar la movilización del 17 de agosto, se disiparon por completo. “Ahora hay que hacerla más que nunca. La marcha no se levanta porque hay una puja de poder”, fue el mensaje que bajaron en las últimas horas desde la primera línea cegetista .
La decisión, confirmada a Clarín desde la conducción de la entidad, tiene un objetivo concreto: amplificar el firme rechazo de la dirigencia sindical al anuncio del pago de un aumento de suma fija para los trabajadores que analiza el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, por presión del kirchnerismo.
Los anuncios de medidas de Massa el miércoles tras su asunción, encendieron las alarmas puertas adentro de la central. El flamante ministro anticipó una convocatoria para el próximo jueves a representantes de la UIA y la CGT para analizar “un mecanismo que permita recuperar ingresos de los trabajadores del sector privado”, además de una reformulación del esquema de asignaciones familiares.
La definición profundizó la inquietud de los gremialistas que interpretan que una suba salarial por decreto condiciona su capacidad de negociación en el marco de las paritarias. “Esto es una discusión política, una puja con el kirchnerismo”, contó un sindicalista en referencia al planteo alentado por la Vicepresidenta y su vínculo con la dirigencia cegetista.
Con esa preocupación de fondo, desde el triunvirato de conducción de la entidad reactivaron en las últimas horas los contactos informales con Massa para hacerle llegar su determinación de resistir cualquier aumento de suma fija. En su breve respuesta, el nuevo ministro ratificó su compromiso con la vigencia de las paritarias, pero no dio otra precisión que descomprimiera el malestar sindical. Ahora en la cúpula de la CGT aguardan por la confirmación de un encuentro con el funcionario en los próximos días y previo a la cita que anunció Massa para el próximo jueves.
“Le dijimos que no vamos a bancar la suma fija porque se están cobrando los tramos de los aumentos convenidos y varios gremios reabriendo las negociaciones para compensar la la suba de precios”, advirtió a este diario uno de los principales referentes de la conducción cegetista. Tras ratificar la convocatoria a la marcha del 17 de agosto, el dirigente pidió a Massa privilegiar las discusiones para acordar medidas concretas para frenar la escalada inflacionaria.
Los rumores sobre un planteo de Cristina para que en el marco de la llegada de Massa a Economía se incluya en el paquete de medidas el anuncio de la instrumentación por decreto de un aumento salarial de suma fija escalaron en los últimos días. Incluso, entre algunos sectores empresarios se deslizó que el bono destinado a los asalariados del sector privado rondaría los $ 30.000.
En la CGT tomaron nota y, anticipándose a la asunción de Massa, llevaron el martes el reclamo por el tema al despacho del jefe de Gabinete, Juan Manzur. También allí aprovecharon para volver a la carga con el planteo para que el Gobierno defina la creación de un fondo específico para costear las prestaciones de transporte y educación para discapacitados, que en la actualidad financian las obras sociales sindicales y representan una erogación en torno a los $ 8.000 millones mensuales.
Para la dirigencia cegetista la posibilidad de un aumento salarial por fuera del esquema de paritarias se inscribe en un abierto desafío del kirchnerismo que apunta a recortar el poder de los sindicatos. “Acá hay una puja de poder político”, aseguran desde la central obrera y por eso optaron por plantarse en contra de la alternativa de un incremento de suma fija o una especie de bono para compensar la inflación.
La ratificación de la marcha del 17 de agosto busca reforzar esa posición a pesar de la intención alentada por el entorno de Massa para que quede sin efecto, como un gesto político a su flamante gestión.
Los gremialistas también aguardan una cita inminente con Massa para hacerse de definiciones respecto del alcance de los cambios en el sistema de asignaciones familiares que el ministro anunció en su primer conferencia de prensa tras asumir el cargo.
La central obrera, y particularmente el sector que comanda Pablo Moyano, reclama desde hace meses una universalización de esos beneficios para la totalidad de los trabajadores, aunque en el equipo del tigrense analizan una ampliación más acotada y sobre la base de mejorar los ingresos de asalariados con sueldos de entre $ 50.000 y $ 150.000.
