Hungría prohíbe por primera vez una marcha LGTBI+ amparándose en su nueva legislación

El gobierno húngaro, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, ha implementado una legislación que restringe severamente los derechos de la comunidad LGTBI+. La ley, aprobada en marzo, prohíbe reuniones que “promuevan o exhiban el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad”, justificándose en la protección de los menores. Esta normativa ha sido utilizada por primera vez para prohibir una manifestación contra la homofobia y la transfobia, programada para el 1 de junio.

Cinco organizaciones no gubernamentales húngaras, incluyendo el Comité Helsinki y Amnistía Internacional, han denunciado la prohibición como una restricción arbitraria y discriminatoria del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión. Argumentan que la manifestación tenía un carácter pacífico y buscaba defender los derechos de la comunidad LGTBI+.

La legislación también ha sido criticada por la Unión Europea, que la considera un ataque a los derechos de las minorías. La Comisión Europea ha anunciado que está analizando la reforma legal y no dudará en tomar medidas contra Hungría si es necesario. Además, 22 embajadas europeas, incluyendo las de Alemania, Francia, Reino Unido y España, han expresado su profunda preocupación por las restricciones al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión.

A pesar de la prohibición, las organizaciones LGTBI+ en Hungría han declarado que siguen planeando celebrar la marcha del Orgullo, prevista para el 28 de junio, y que esta debe ser “más grande que nunca”. El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, ha expresado su apoyo a la comunidad LGTBI+, afirmando que la ciudad protegerá a todos aquellos que defienden su autoestima y libertad.

La situación en Hungría refleja una creciente tensión entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos, así como con la comunidad internacional, en relación con los derechos de las minorías sexuales y la libertad de expresión. La aplicación de esta ley marca un precedente preocupante para la protección de los derechos fundamentales en el país.