La controversia se intensificó cuando se constató el ingreso no autorizado de dos personas al tribunal, presuntamente vinculadas a la realización de un documental sobre el caso Maradona. El fiscal Patricio Ferrari calificó este hecho como de “gravedad institucional”, solicitando la suspensión del juicio por diez días para investigar posibles fundamentos para la recusación de la jueza Makintach. Esta solicitud fue respaldada por las cinco querellas involucradas y por cinco de las siete defensas, reflejando una preocupación compartida por la integridad del proceso judicial.
Burlando ha sido enfático en sus críticas al equipo médico que atendió a Maradona, calificando su accionar como parte de un “plan inhumano de resultado eficaz”. El abogado sostiene que el astro fue sometido a una internación domiciliaria inapropiada, en una vivienda que describió como una “pocilga”, sin las condiciones mínimas necesarias para su recuperación. Además, denunció que se le administraron medicamentos sin el debido control y que el personal de salud falseó datos sobre su estado, omitiendo la toma de signos vitales y otros cuidados esenciales.
Las acusaciones de Burlando y la solicitud de suspensión del juicio han generado un clima de tensión en el proceso judicial, poniendo en tela de juicio la imparcialidad del tribunal y la conducta de los profesionales involucrados en la atención médica de Maradona. La investigación en curso determinará si existen fundamentos para la recusación de la jueza Makintach y si se han cometido irregularidades que puedan afectar la validez del juicio.
Este caso continúa siendo de alto perfil mediático y jurídico, con implicaciones significativas para la justicia argentina y para la memoria del ídolo futbolístico. Se espera que las próximas audiencias arrojen luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona y que se determinen las responsabilidades correspondientes.
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