Evo Morales dio una “clase magistral” en Rosario en medio de un escándalo por supuestos aportes para su campaña de un narco argentino

Fuentes del Ministerio de Justicia de Bolivia señalaron a LA NACION que “en el caso de la denuncia referida a supuestos “aportes” de origen ilícito que presuntamente fueron destinados al MAS-IPSP, la cartera de Justicia ha tomado conocimiento y ha iniciado las acciones de investigación que corresponden, por orden del presidente Arce”.

El “Chapo Guzmán del Cono Sur”

Farfán es argentino y se ganó un apodo cinematográfico: el “Chapo Guzmán del Cono Sur”. Durante más de dos décadas fue uno de los proveedores más importantes de cocaína en la Región Centro del país. La droga que producía en Santa Cruz de la Sierra servía para abastecer los búnkeres de Rosario, o la villa 1-11-14 en el Bajo Flores o Córdoba. Para dominar la provisión de cocaína contó con la ayuda de varios jueces federales argentinos, a los que se confirmó que pagó sobornos, como Raúl Reynoso y José Antonio Solá Torino, ambos en Salta. El primero está preso –ahora con detención domiciliaria- y el segundo se suicidó hace dos años luego de que la Cámara de Apelaciones dejó firme su condena en 2018 y tenía que retornar a la cárcel.

Farfán está detenido en el penal de Ezeiza desde febrero de 2019, cuando Bolivia lo expulsó del país, tras atraparlo en una mansión en Santa Cruz de la Sierra. “Se había cambiado el rostro con cirugías estéticas porque usaba un nombre falso”, reveló a Aire de Santa Fe el fiscal federal de Salta Carlos Amad.

En Bolivia se llamaba Miguel Ángel Salazar Yavi y no estaba escondido sino que tenía una vida social intensa. Ahora su nombre (falso) está en el centro de un escándalo político en Bolivia, luego de que un diputado del partido oficialista, el MAS, denunciara que el narco fue uno de los que financió la campaña política de Morales en 2014.

Este escándalo estalló luego de que el diputado oficialista Rolando Cuéllar mostró en una conferencia de prensa el 29 de junio pasado una carta que el vicepresidente del MAS Gerardo García le envió a Salazar Yavi –que era el nombre falso que usaba Farfán- en 2014 en la que agradecía “las grandes contribuciones económicas” que había hecho el narcotraficante. La carta está menbretada y parece a simple vista un documento oficial del partido de Evo Morales. El vicepresidente del MAS argumenta que el documento es falso.

Lo extraño de este caso es que el que denuncia es un legislador del partido oficialista, que se produce en medio de fuertes tensiones internas en Bolivia entre el vicepresidente David Choquehuanca y el sector cocalero que respalda a Evo, quien estuvo refugiado en Argentina después del golpe de Estado.

Los partidos de la oposición, como Comunidad Ciudadana, Creemos y Conade presentaron denuncias en el Tribunal Superior Electoral para que le retiren la personería jurídica al MAS. Evo Morales expresó a través de su cuenta de Twitter que “la derecha trata de meter al MAS en una guerra sucia”. Pero la denuncia proviene del propio partido oficial y tiene como uno de los protagonistas a un narco millonario como Miguel Ángel Farfán, que por sus antecedentes en Argentina era su costumbre pagar sobornos. El exdiputado Tomás Monasterio explicó a LA NACION que el gobierno de Morales “le dio un documento de identidad oficial a Farfán para que cambiara su nombre y no fuera encontrado por las autoridades argentinas”.

Farfán está sospechado de pagar coimas al exjuez Raúl Reynoso, quien el 21 de enero de 2014 lo benefició con la “exención de prisión” sin pedir ni siquiera sus antecedentes. Farfán manejaba los llamados bombardeos de cocaína en suelo argentino de droga que se fabricaba en Bolivia. Él manejaba las dos patas del negocio, algo que lo convirtió en un magnate, que se movía con una Hummer amarilla en Santa Cruz de la Sierra.

El fiscal federal de Salta Carlos Amad aseguró que Farfán fue detenido en esa ciudad boliviana el 14 de febrero de 2019. “Se estaba cambiando su cara con cirugías estéticas. Ya se había operado. Cuando lo detuvieron en Santa Cruz de la Sierra Bolivia lo expulsó del país, porque era argentino. Lo cruzó por Salvador Mazza y la Gendarmería lo detuvo. Fue juzgado y condenado a 15 años y está preso actualmente en el penal de Ezeiza”.

Farfán fue expulsado porque era argentino. Nació en Jujuy el 6 de mayo de 1960 y tenía propiedades en varias provincias, como campos en Tucumán y en Salta, como en Apolinario Saravia y Las Lajitas, donde las avionetas arrojaban las bolsas con cocaína.

Reynoso benefició a Farfán en 2014, al darle la exención de prisión y sin dudarlo se refugió en Bolivia, donde ahora se denunció que habría aportado fondos para financiar la campaña de Evo Morales ese año. Farfán enfrentaba una causa en el juzgado de Orán, Salta, luego de que el 12 de setiembre de 2013 gendarmería secuestrara 411 kilos de cocaína en una Toyota Hilux en la ruta 34, a la altura de Santiago del Estero. Se sospechó en ese momento que esa camioneta viajaba hacia Rosario.

Antes del “beneficio” que le otorgó el juez Reynoso otro magistrado ya había actuado a favor del narco. El juez José Torino Solá fue condenado, como su excolega de Orán, por cobrar un soborno de Farfán, que había sido condenado en 1999 a cinco años de prisión por el secuestro de 400 kilos de cocaína.

Farfán tuvo una causa en Rosario por narcotráfico pero su abogado René Gómez, quien fue acusado en la causa contra Reynoso pero terminó con falta de mérito, logró que se acumulara en el juzgado de Orán.

Ahora Farfán, con su nuevo rostro, está preso en el penal de Ezeiza y en Bolivia hay un escándalo mayúsculo por estos días que lo tiene como protagonista. No es la primera vez que surgen sospechas de que narcos pesados tengan relación directa con el gobierno boliviano.

El extraño caso de la letra “W”

Otro caso llamativo es el de Wilson Balderrama, cuya historia fue publicada en Aire de Santa Fe el 31 de enero pasado. El rasgo característico de los cargamentos que Balderrana enviaba a la Argentina desde Santa Cruz de la Sierra, era que para garantizar la calidad de la droga cada ladrillo de cocaína tenía grabada la letra W.

Ese sello había aparecido en secuestros de grandes cantidades de droga en operativos en Rosario, Córdoba y el conurbano bonaerense. También en los panes de cocaína que desde una avioneta “bombardeaban” en la zona de Anta y Metán, en Salta. Y en otro lugar llamativo, según la causa judicial, en la agenda de papel del expresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, en Salta, Alejandro Maurín, que fue condenado a 14 años de prisión en septiembre de 2018.

El que no aparecía nunca tras las rejas era el dueño de los cargamentos, el magnate Balderrama, un hombre de 63 años que había acumulado una enorme fortuna y no hacía ningún esfuerzo por ocultarla en Bolivia, donde tiene varias estancias, una red de estaciones de servicio, haras de caballos árabes, y sobre todo contactos con la justicia.

En enero pasado Interpol detuvo a Balderrama en Santa Cruz de la Sierra, y como pesa un pedido de extradición a la Argentina desde 2016, Bolivia abrió de repente una causa contra el narco, una estrategia que acostumbra hacer ese país. Entonces, antes de ser extraditado Balderrama debe ser juzgado y cumplir una condena en su país de origen. Pero hasta ahora nunca fue sentenciado.

Esta postura de Bolivia también se hizo palpable en otro caso como es el caso del empresario del transporte José Luis Sejas Rosales, que también pagó sobornos al juez Reynoso. Este narco que enviaba sus camiones a los puertos de Rosario y San Nicolás tenía contratos millonarios con YPF Bolivia. Cuando Argentina pidió su extradición por 11 causas en su contra en Bolivia los fiscales de Santa Cruz de la Sierra iniciaron un proceso por lavado de activos.

Hace unos días el fiscal Amad le pidió al juez federal de Salta Julio Bavio que pida la indagatoria de Balderrama por Zoom. Y por primera vez Bolivia accedió, lo que plantea un cambio en la política judicial de ese país, ahora envuelto en un escándalo por la supuesta financiación de una campaña política por parte de un narco argentino.