El Tribunal Superior de Justicia resolvió que el llamado a elecciones que hizo el Gobernador de la provincia para el 7/5, incluida las elecciones en el Departamento Capital, fue válido. Por otra parte, el máximo organismo judicial determinó que la convocatoria realizada por la comuna “carece de legalidad y validez”. De esta manera, rechazaron la convocatoria para el 22 de octubre. El fallo se conoció en las últimas horas.
«La ley 10.609, luego de la proclamación de los candidatos, establece un plazo de 60 días para convocar a las sesiones públicas para la convención constituyente. El plazo máximo de la duración de la convencional constituyente es de un año», indicó en un principio Goyochea.
Seguidamente, el Asesor General del Gobierno, informó: «La ley contempla que quienes tienen un cargo de origen puedan solicitar la licencia para recibir el salario de convencional constituyente. Ningún convencional puede tener dos remuneraciones, es decir su sueldo como funcionario y como convencional. También puede ser una contribución honorífica, es decir seguir cobrando su salario como funcionario y trabajar ad honorem para la convención. En mi caso particular voy a elegir esta última alternativa».
«Un esquema de gobernanza se basa en tres puntos centrales: participación de ciudanía, transparencia. y políticas públicas; se plantea tratar la libertad de expresión dentro del marco de este esquema»
«Se pueden establecer mecanismos a través de los cuáles los medios puedan autoregularse. Un ejemplo claro de esto se dio en EEUU con la toma del Capitolio, cuando Trump tuiteaba mensajes del odio impulsando estos disturbios, Twitter bloqueó su cuenta», señaló en diálogo con Medios Provincia.
«Ayer el Tribunal Superior de Justicia no hizo lugar al planteo del Municipio capitalino sobre la ilegitimidad de la convocatoria de las elecciones del 7 de Mayo. El TSJ determinó ayer que el Municipio no tiene autoridad para convocar elecciones a Intendente, eso le corresponde al Gobernador. Es una facultad del gobernador convocar a elecciones. A nivel provincial es la última instancia, desde el punto de vista procesal le queda al Municipio apelar a la Corte Suprema», explicó.
