El régimen de Nicaragua ordenó el cierre de otras 100 ONG, con lo que sumarían 958 las organizaciones civiles sin fines de lucro disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018, informó este domingo el Poder Legislativo.
La ilegalización de las 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del régimen a través del Ministerio de Gobernación, fue presentada ante la Asamblea Nacional (Parlamento) por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Por su lado, el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, ha dicho que la ilegalización de las ONG forma parte de un proceso de ordenamiento “de algo que estaba al garete”, debido a que habían organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus propios estatutos.
También ha anunciado que continuarán “con este trabajo de limpieza” bajo el argumento de que no pueden existir más de 6.000 ONG en Nicaragua “que no estén haciendo nada”.
Asimismo, ha calificado a los organismos sin fines de lucro de “instrumentos del neoliberalismo”, de haber “tomado auge en los gobiernos neoliberales”, en alusión a las Administraciones entre 1990 y 2007, “precisamente para actuar como instrumento contra los sindicatos y la organización del pueblo”, aunque varias de las disueltas fueron formadas por sandinistas.
En lo que va de año, el régimen de Ortega ha liquidado 659 ONG y un total de 858 desde diciembre de 2018, con lo que el número de organismos ilegalizados se elevaría a 759 y 958, respectivamente.
En la nueva lista de 100 ONG afectadas hay asociaciones de defensa de los derechos humanos, medio ambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario, asistencia social, ciencia y tecnología, entre otras.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, de 76 años, lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
(Con información de EFE)
