El oficialismo convocó a sesión para este jueves en el Senado con el objetivo de aprobar la ampliación de la Corte, una medida que es impulsada por Cristina Kirchner en el marco de su enfrentamiento con la Justicia, que se agudizó con la disputa por la conformación del Consejo de la Magistratura y la acusación del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta en la causa Vialidad.
Tras varios días de cabildeos internos, el kirchnerismo finalmente decidió modificar el proyecto original, que elevaba a 25 los jueces del máximo tribunal, y aceptará reducirlo a 15. Con este cambio, entre otros que se le introducirán al dictamen cuando se discuta en el recinto, logrará alcanzar los votos que le faltaban para poder enviarlo en revisión a la Cámara de Diputados, donde el proyecto tiene un destino incierto dada la volátil relación de fuerzas que existe en ese cuerpo.
La voluntad del oficialismo de llevar el tema al recinto se la adelantó ayer por la mañana el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), a los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, según confiaron voceros oficiales.
“Nosotros no vamos a dar quórum”, anticipó su rechazo Luis Naidenoff (Formosa), presidente de la bancada radical. Fue la primera de una catarata de rechazos de la principal coalición opositora.
La confirmación de la convocatoria llegó unas horas después, con el decreto que llama a sesión para las 14.30 de este jueves y que incluye, además, los pliegos de los tres jueces nominados para la controvertida Cámara Federal de Comandante Luis Piedrabuena (Santa Cruz) y que cuentan con el rechazo de la oposición. Uno de ellos es Marcelo Bersanelli, que se desempeñó como abogado de Cristina Kirchner en una diligencia ordenada por el fallecido juez Claudio Bonadio.
El proyecto que se someterá a discusión es el impulsado por los gobernadores peronistas, que eleva la integración del tribunal a 25 miembros. Sin embargo, el dictamen firmado hace casi tres meses, el 29 de junio, sufriría modificaciones en el recinto y se terminará aprobando uno con una conformación de 15 miembros, según confiaron fuentes legislativas del Frente de Todos.
Con esta concesión el kirchnerismo alcanzará la mayoría que necesita para aprobar la ampliación de la Corte, ya que sumará el apoyo de Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), que se negaba a votar el proyecto acordado por los mandatarios peronistas con Cristina Kirchner por considerar excesivo el número de magistrados propuesto y porque en ningún momento establecía que se integraría con un juez por cada provincia, como sostuvieron sus autores intelectuales cuando lo presentaron en la Cámara alta a mediados de junio.
Además, con el cambio en la integración el kirchnerismo también lograría sumar los votos de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), autor de un proyecto que elevaba a 16 los miembros de la Corte, y de la exopositora Clara Vega (La Rioja) que, como Rodríguez Saá, cuestionaba el número de magistrados propuesto por los gobernadores.
Tal como anticipó LA NACION, pocos días después de que se produjera el fallido intento de magnicidio contra Cristina Kirchner el sector ultra de la bancada oficialista que responde a la vicepresidenta se juramentó avanzar con la agenda legislativa propia.
Desde que se firmó el dictamen al proyecto de los gobernadores, a fines de junio, el kirchnerismo vio frustrarse varios de sus intentos por aprobar el proyecto. La negativa de Rodríguez Saá, Weretilneck y Vega se había convertido en un obstáculo insalvable para los planes del kirchnerismo duro.
Por eso, y tras varias semanas de diálogo, la vicepresidenta terminó dando su luz verde para modificar el proyecto con el objetivo de reunir el número de votos que le permita aprobar la ampliación de la Corte.
Los cambios se comenzaron a discutir en la noche del martes, en una reunión del interbloque del Frente de Todos en la que Rodríguez Saá volvió a plantear su negativa a aceptar una Corte de 25 jueces, pero en el que mostró su disposición a cambiar de postura si se aceptaba impulsar una integración con menos magistrados.
Antes de que los gobernadores irrumpieran con su propuesta, pensada para presionar al máximo tribunal que debe fallar en el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación que le quitó el oficialismo para financiar al gobierno de Axel Kicillof, el oficialismo discutía tres propuestas de ampliación. Una de Rodríguez Saá, que volvía a los nueve miembros de la década del 90; una de la kirchnerista Silvia Sapag, con 15 jueces; y la de Weretilneck, de 16.
Consulta popular
Después de algunos tropiezos, el kirchnerismo logró firmar dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales a un paquete de iniciativas que buscan modificar, para facilitar su uso, las leyes que reglamentaron la consulta y la iniciativa populares.
Se trata de dos mecanismos de democracia directa que el sector más radicalizado del oficialismo pretende usar como forma de sortear la incomodidad de conseguir mayorías parlamentarias que le son esquivas, sobre todo después de la derrota electoral del año pasado, al kirchnerismo.
Los proyectos con dictamen fueron presentados por los ultrakirchneristas Oscar Parrilli (Neuquén) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y por el peronista Guillermo Snopek (Jujuy), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Ahora, las iniciativas quedaron en condiciones de ser discutidas por la Cámara alta a partir de la semana próxima, una vez que se cumplan los siete días que establece el reglamento que deben mediar entre la firma del dictamen y su debate en el recinto.
