En este sentido, desde el organismo aseguraron que se trata “de un caso de violencia institucional, ejercido contra un grupo de adolescentes solo por el hecho de ser jóvenes de barrios populares”.
El Inadi, a través de un comunicado, aseguró que la Justicia “debe investigar con la debida diligencia las circunstancias de los hechos, y analizar si los agentes policiales se condujeron bajo perfiles racistas y discriminatorios al momento de interceptar el auto y efectuar los disparos”.
Agregó que los agentes actuaron “sin respetar los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
El Inadi destacó que el racismo y la discriminación asociada a la violencia institucional “debe ser prevenida y sancionada desde todas las esferas del Estado, y deben repudiarse desde todos los sectores políticos los discursos de odio que fomentan el uso de la fuerza desproporcionado por parte de las fuerzas de seguridad”.
Y precisó que el sistema institucional “no debe permitir estos hechos, ni discursos que hagan pensar a los oficiales de las fuerzas de seguridad que existe una habilitación política para ellos”.
El hecho ocurrió el miércoles a las 9.30 cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, el adolescente y tres amigos se movilizaban en un Volkswagen Suran azul y, al detenerse en un kiosco situado sobre la calle Luzuriaga, de Barracas, fueron interceptados por efectivos de civil de la Comisaría Vecinal 4C quienes, según su versión, creyeron que iban a cometer un robo.
La policía dijo que los jóvenes se negaron a ser identificados, embistieron con el vehículo a dos efectivos y tras una persecución a los tiros que se extendió hasta el cruce de Alvarado y Perdriel, el futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante, dos de sus amigos fueron detenidos y un tercero escapó, aunque más tarde se presentó en sede policial con su madre y quedó aprehendido.
Fuente: Télam
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