La resolución se enmarca dentro de la política de ajuste fiscal y racionalización del gasto público impulsada por el Gobierno.
Para los funcionarios que más empleados despidan, esto representa un beneficio económico directo, aunque la medida ha sido duramente criticada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los principales sindicatos del sector público.
Según cálculos de los gremios estatales, la Secretaría de Trabajo, que redujo su personal de 3.600 a 2.900 empleados, podría recibir más de 52 millones de pesos para distribuir entre las autoridades superiores.
and then