El Gobierno oficializó la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado

El Presidente firmó este jueves un decreto que pone fin a todas las contrataciones en el Estado hasta el 31 de diciembre del año que viene. Quiere decir que el Gobierno no podrá incorporar nuevos empleados hasta que termine este mandato. La medida regirá para la administración central (ministerios y sus dependencias) y para los entes públicos. Además, se “instruirá” a las empresas públicas y fondos fiduciarios a tomar medidas en el mismo sentido.

La medida había sido anunciada por Silvina Batakis en su primera conferencia de prensa como ministra de Economía y la norma habría sido redactada desde el Ministerio de Economía. La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según el decreto, estarán prohibidas la gran mayoría de las contrataciones. Se trata de las designaciones a planta transitoria, contrataciones por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual. Tampoco podrán hacerse contrataciones por prestación de servicios, una modalidad típica y sensible con los gremios, porque no garantiza los derechos laborales de una persona en relación de dependencia, mientras que se cumplen funciones a tiempo completo y por plazos prolongados.

Además, no se podrán hacer designaciones transitorias a planta permanente ni cualquier otra modalidad en estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias. Esto contempla también los convenios con universidades, que contratan a personas para realizar trabajos específicos para áreas de gobierno.

En el texto se prevén algunas excepciones. Entre ellas se encuentran las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego; en los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción y en el Servicio Penitenciario Federal, y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido su personal civil.

La medida incluye una cláusula que otorga mayor poder al ministerio de Economía y la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Ana Castellani y dependiente de Juan Manzur, jefe de Gabinete. Todos los cargos que “por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo” no puedan postergarse, se tratarán como casos especiales y deberán pedir permiso a esos organismos.

Se podrán prorrogar las designaciones transitorias y de contratos. Esta medida contempla que, ante la finalización de plazo de las personas que ya están trabajando en el Gobierno, no pierdan su empleo. Sin embargo, cuando se abran vacantes a partir de una renuncia, jubilación, retiro voluntario o cancelación, las áreas deberán “validar la criticidad o necesidad estratégica para el funcionamiento del área” y pedir autorización para poder cubrir los lugares que quedaron libres. Es decir, que si alguien deja su puesto de trabajo, a priori no podrían suplirse esos puestos.

La medida exceptuará la designación de funcionarios o los puestos que corresponden al organigrama de gobierno, como secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales o coordinaciones. También estarán exceptuadas la cobertura de cargos o contrataciones para cumplir con cupos como los de discapacidad y de personas trans.

Plan de regularización

Por otro lado, el Gobierno puso en marcha hace un año el “Plan de Regularización de Empleo Público” que contemplaba la incorporación de 29.000 trabajadores de planta transitoria a la permanente en el lapso del restante de meses de gestión. Cerca de 4500 personas ya ganaron los concursos y pasarían a la planta permanente. De acuerdo con la norma, estos procesos de selección continuarán habilitados. Uno de los motivos, según argumentan en el Gobierno, es que no genera mayor gasto público debido a que las escalas salariales se mantienen.

Como justificación a la medida de Batakis, el proyecto de decreto menciona: “El país atraviesa una situación de necesidad pública que torna necesaria la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, postergando dentro de límites razonables algunas atribuciones propias de cada jurisdicción”.

Además, agrega que las disposiciones se incorporan para “garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional”. Por ese motivo, menciona la conveniencia de “incluir, en la presente medida, a las contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento”, en referencia a las empresas públicas y fondos fiduciarios.

En la primera parte del año, se evidenció un crecimiento de la incorporación de personal a la planta permanente con concursos en decenas de dependencias estatales. Las erogaciones en personal crecieron un 72% entre abril del año pasado y el mismo mes de 2022, 14 puntos porcentuales por encima de la inflación en el mismo período (58%).

Además, en la gestión de Alberto Fernández (entre 2019 y el primer trimestre de este año), creció la cantidad de personas en relación de dependencia en múltiples áreas, de acuerdo con la Base Integrada de Empleo Público y Salarios, procesados por la Fundación País Abierto y Digital.

Algunos ejemplos: el Ministerio de Cultura amplió la cantidad empleados en un 24%. El Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que fue elevado desde la categoría de secretaría, creció 185%. Desde el inicio de la gestión, la cartera de Turismo y Deportes, a cargo de Matías Lammens, se expandió 64%. Sin embargo, como algunos se achicaron, el avance promedio de la administración central llega a casi 3%, unos 5300 empleados.

Algo similar ocurrió en las empresas estatales. Trenes Argentinos sumó, desde fines de 2019 hasta la fecha, cerca de un 12% más de empleados. El Correo Oficial, casi un 16%, y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, un 18,5%.