La reciente operación de desalojo de más de 12 mil mineros en el cerro Yapacana, ubicado al sur de Venezuela, ha generado interrogantes sobre los intereses ocultos detrás de esta acción y el control ejercido por grupos guerrilleros colombianos en la zona. Aunque las autoridades venezolanas argumentan razones ambientales para esta medida, existe una creciente sospecha de que la verdadera motivación es permitir la explotación de las minas por parte de grupos aliados, tanto nacionales como extranjeros, en un patrón similar al Arco Minero del Orinoco.
La Fuerza Armada Bolivariana, encargada de salvaguardar el territorio y la soberanía de Venezuela, se enfrenta a críticas por permitir que miles de mineros, tanto nacionales como extranjeros, se establecieran en el cerro Yapacana para extraer oro. Esta situación no solo ha provocado daños ambientales, con la contaminación de ríos y degradación del entorno, sino también ha dado lugar a un auge de actividades ilícitas como la trata de personas, la prostitución, la explotación y la violencia.
Uno de los incidentes más violentos ocurrió cuando un grupo de mineros, en su mayoría indígenas, se enfrentó a las fuerzas militares en el sector Cacique del Yapacana, resultando en la muerte de tres mineros y varios heridos. La operación de desalojo se ha vuelto cada vez más tensa y ha generado un clima de confrontación en la región.
A pesar de que se alega la preservación ambiental como justificación para el desalojo, es poco probable que esta sea la principal motivación del régimen venezolano. En cambio, parece que el objetivo real es permitir que grupos aliados, incluyendo a actores nacionales y extranjeros, se beneficien de la explotación de las minas en la zona, en un paralelo con lo que ha ocurrido en el Arco Minero del Orinoco.
El testimonio de mineros y habitantes locales revela un mundo de crimen y corrupción en las minas, con la presencia de narcotráfico, trata de personas, prostitución y otras actividades ilegales. A pesar de las promesas de un mejor nivel de vida, la realidad es que quienes trabajan en estas condiciones salen empobrecidos, enfermos y endeudados, mientras que los beneficios reales van a parar a manos de actores criminales.
La detención del periodista Luis Alejandro Acosta Romero, quien había estado documentando la situación en el Yapacana, ha generado controversia. Si bien Acosta alega ser un defensor de los mineros, algunas fuentes afirman que tenía vínculos con grupos irregulares, especialmente las mafias mineras controladas por guerrilleros de las disidencias de las FARC y del ELN. Su detención ha sido cuestionada, y se alega que sus videos exponían a la Fuerza Armada y revelaban la realidad detrás de la operación de desalojo.
En medio de esta situación, la violencia continúa en la región, y persiste la incertidumbre sobre el verdadero propósito del desalojo y quiénes son los beneficiarios finales de la explotación de las minas en el Yapacana. Los habitantes locales, los mineros y los indígenas se ven atrapados en esta compleja trama de intereses, mientras las autoridades venezolanas luchan por mantener el control en una zona donde la presencia de grupos guerrilleros complica aún más la situación.
