Fuentes del organismo confirmaron que en la reunión se decidió considerar cumplidos los requisitos formales para dar curso al planteo. De esta manera, el caso ingresa ahora en la etapa de investigación preliminar, donde se evaluarán las pruebas y los hechos señalados.
La denuncia se originó a partir de una serie de irregularidades detectadas oportunamente por la Secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, cuyas observaciones motivaron la intervención del Consejo.
Con la admisibilidad ya resuelta, será la Comisión Investigadora la encargada de analizar el desempeño de la magistrada, solicitar documentación, convocar testimonios y determinar si corresponde avanzar hacia un eventual proceso disciplinario o de enjuiciamiento.
Por el momento, no se brindaron mayores detalles sobre los puntos cuestionados, ya que la investigación se encuentra en su fase inicial. Desde el Consejo remarcaron que se respetará el debido proceso, garantizando tanto la transparencia institucional como el derecho de defensa de la jueza involucrada.
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