El gobierno cubano ha mostrado divisiones internas en relación con la participación de ciudadanos cubanos como mercenarios en la invasión rusa a Ucrania. Estas divisiones se hicieron evidentes a raíz de recientes declaraciones de funcionarios cubanos.
Por un lado, el embajador cubano en Moscú, Julio Antonio Garmendia Peña, afirmó que el gobierno cubano no se opone a que sus ciudadanos firmen contratos con el ejército ruso para participar legalmente en la operación en Ucrania. Señaló que “no tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso”.
Sin embargo, estas declaraciones fueron contradichas por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien rechazó enfáticamente la posibilidad de que los cubanos participen como mercenarios en la invasión rusa a Ucrania. Rodríguez afirmó que la posición del gobierno cubano, de acuerdo con su legislación nacional, es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en conflictos de cualquier tipo y condena el mercenarismo y la trata de personas.
Este cambio de posición del gobierno cubano es notable, ya que anteriormente había detenido a 17 personas por cargos relacionados con una red de traficantes de personas que supuestamente atraía a jóvenes cubanos para que sirvieran en el ejército ruso. En ese momento, el gobierno cubano informó que estaba trabajando para “neutralizar y desmantelar” la organización que operaba tanto en Cuba como en Rusia.
A pesar de estas afirmaciones, los testimonios de al menos 189 jóvenes cubanos que firmaron contratos con el ejército ruso, cuyos pasaportes fueron obtenidos por medios de comunicación, contradicen la versión del gobierno cubano. Los jóvenes proporcionaron detalles sobre cómo fueron reclutados, contactados en la isla por reclutadores cubanos y rusos, y engañados sobre la naturaleza de su servicio en Ucrania.
El gobierno ruso ha estado reclutando a ciudadanos cubanos para participar en la invasión de Ucrania, ofreciéndoles contratos con pagos en efectivo y otros beneficios. Los convenios especifican sueldos, compensaciones por lesiones y muerte, viviendas, atención médica gratuita, seguros y otros incentivos. Esta práctica ha sido objeto de preocupación internacional.
La red de reclutamiento ruso-cubana habría sido coordinada por la coronel del ejército cubano Mónica Milián Gómez, actual agregada militar en Moscú. Los contratos firmados por los cubanos muestran que están siendo utilizados como fuerza de trabajo barata para evitar el reclutamiento obligatorio en Rusia.
Tanto Estados Unidos como Ucrania han expresado su preocupación por la participación de ciudadanos cubanos como mercenarios en la invasión rusa a Ucrania. El Departamento de Estado de EE. UU. ha calificado esta práctica como un desprecio por la vida humana y continúa vigilando de cerca la situación.
