La decisión se tomó a partir de las actuaciones remitidas por el Tribunal Superior de Justicia mediante los Acuerdos de Superintendencia y Control Judicial, tras constatar demoras significativas en dos causas penales en trámite ante ese Juzgado.
El Consejo de la Magistratura, a través de su Comisión de Disciplina e Investigación, determinó la admisión formal de la denuncia contra la jueza Adriana Loureiro y dispuso dar inicio al análisis de su conducta funcional, conforme a las atribuciones establecidas por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Consejo.
La decisión se fundamenta en los informes elevados por la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial del Tribunal Superior de Justicia, órgano que revisó los expedientes mencionados advirtiendo demoras y falta de avance en distintas causas. La revisión fue realizada en el marco de las competencias de superintendencia que el artículo 162 inciso 1 de la Constitución confiere al Tribunal Superior.
La Secretaría de Superintendencia, en cumplimiento del Acuerdo Administrativo N.º 248 y del Reglamento Disciplinario aprobado por Acuerdo N.º 883/23, solicitó informes pormenorizados a los órganos señalados. En el caso del Juzgado de Instrucción a cargo de la Dra. Loureiro, el TSJ evaluó dos expedientes:
1. Causa por tentativa de homicidio, de un expediente del año 2019, que del informe remitido por la jueza surge que la causa, iniciada en 2019, no registra definición sobre la situación procesal del imputado ni conclusión de la etapa de instrucción. Pese a diligencias realizadas en 2025, el expediente no fue impulsado con la celeridad que exige la materia, configurándose una demora considerada inadmisible para un proceso de esta naturaleza.
2. Causa por abuso sexual de un expediente del año 2023,
en esta investigación, que involucra a una persona menor de edad, la instrucción fue abierta en noviembre de 2023 y se dictó procesamiento un mes después. Sin embargo, tras una nulidad declarada por el Tribunal Unipersonal y la posterior libertad del imputado en feria judicial, el expediente permaneció sin impulso procesal por más de un año, según informó la propia magistrada.
El TSJ destacó que, tratándose de un expediente por presuntos hechos de violencia sexual calificados por el vínculo, la inacción constituía un incumplimiento grave de las obligaciones jurisdiccionales.
Remisión del caso al Consejo de la Magistratura
A partir de estos informes, el TSJ concluyó que las demoras acreditadas exceden el ámbito disciplinario interno y constituyen materia propia de análisis del Consejo de la Magistratura, motivo por el cual dispuso elevar las actuaciones, mediante Acuerdos, firmados por el Presidente Dr. Claudio José Ana y los jueces Ana Karina Becerra y Luis Alberto Nicolás Brizuela, se remitió los antecedentes para que el Consejo de la Magistratura determine la existencia o no de responsabilidad funcional en el desempeño de la jueza Loureiro.
Dictamen de la Comisión de Disciplina e Investigación
Finalmente, la Comisión de Disciplina del Consejo, integrada por la Dra. Ana Astorga Fuentes, el Dr. Lucas Casas y el Dr. Javier Vallejos, evaluó la documentación remitida y concluyó que correspondía admitir la denuncia, habilitando así el procedimiento previsto para el análisis de la conducta funcional de la magistrada.
Con esta decisión, se activan los mecanismos institucionales destinados a asegurar el correcto funcionamiento de la Justicia y el cumplimiento de los deberes funcionales por parte de magistrados y magistradas, especialmente en causas que involucran hechos de violencia y delitos contra la integridad sexual de personas menores de edad.
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