Un violento suceso sacudió la localidad de Tupungato, en el Valle de Uco, cuando un hombre de 73 años, identificado como I.M.E., asesinó a su empleado, Ramón Ismael Ortega, de 50 años, tras una discusión por el cobro del aguinaldo. El trágico episodio ocurrió en la tarde del sábado 29 de junio en el domicilio del empleador, ubicado en la intersección de México y Bolivia, cerca del cementerio municipal.
El conflicto habría comenzado en un contexto distendido: ambos compartían bebidas alcohólicas cuando Ortega reclamó el pago del aguinaldo, generando una discusión que escaló rápidamente. Según la reconstrucción oficial, Ortega atacó primero con un arma blanca e incluso con un palo; en respuesta, I.M.E. sacó un arma de fuego y efectuó el disparo fatal. Luego del ataque, el agresor llamó al 911 para confesar el homicidio y afirmó que esperaría el arribo de la policía en la escena del crimen.
El cuerpo de la víctima fue hallado en la escena, mientras que el agresor permaneció en el lugar hasta la llegada de los efectivos. En cuanto a las motivaciones, fuentes policiales indicaron que el conflicto se originó por el reclamo del aguinaldo, un derecho laboral que debía haberse liquidado como máximo el 30 de junio, aunque la ley permite una prórroga hasta el 4 de julio.
Este caso se inscribe en un contexto donde las tensiones laborales se agravan en escenarios cotidianos. El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario (SAC), es percibido como un alivio para los trabajadores, pero su falta de pago a tiempo puede generar reclamos intensos. A nivel nacional, esta remuneración debe abonarse en la fecha límite estipulada por la ley laboral (Ley 27.073 y artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo).
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