Tal es la repulsión que el caso ha generado que durante los alegatos el abogado defensor no tuvo más remedio que buscar la salida menos gravosa para su cliente: “Es un enfermo y tiene que ser internado en un lugar de salud mental”.
El juez de la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, Marcelo Jaime, no estuvo de acuerdo y continuó el pedido que había formulado el fiscal Hugo Almirón: el hombre, un pedófilo como hacía tiempo no se veía en los Tribunales de Córdoba, terminó condenado a 22 años de prisión. Sí se hizo la salvedad de que mientras esté cumpliendo la pena, deberá ser sometido a un tratamiento.
Abuso sexual simple continuado calificado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y producción de material de abuso y explotación sexual infantil calificado por la edad de la víctima con promoción a la corrupción de menores calificado por el vínculo, publicación y distribución reiterada de material de abuso y explotación sexual infantil, calificado por tratarse las víctimas de menores de 13 años de edad, tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución, calificado por la edad de la víctima, y asociación Ilícita calificada por la calidad de organizador fueron los delitos de los que fue encontrado culpable.
Su identidad se mantiene en reserva en esta nota sólo para evitar revictimizar a la víctima principal de esta historia: su hija de entonces 4 años.
De acuerdo a la investigación que terminó en su condena, el hombre aprovechaba cuando se quedaba solo con la niña (se había separado de la madre) para cometer todo tipo de abusos en su contra, además de filmar y fotografiar las violaciones.
A todo este material luego lo compartía en diversos grupos de pedófilos, sobre todo a través de la red social Telegram, que habían sido creados por él.
Pero no sólo divulgaba las imágenes tomadas por él. Cuando lo allanaron en su domicilio en febrero de 2020, los policías le secuestraron un disco rígido de computadora en el que almacenaba más de 70 mil archivos de menores de 18 años en situaciones de abuso y explotación sexual, gran cantidad del cual contenía a menores de 13 años.
La investigación en su contra había nacido a miles de kilómetros de distancia: por medio de un comunicado de Interpol Australia. Fue este cuerpo de seguridad el que remitió a la Policía de Córdoba y a la fiscalía de Cibercrimen un correo y fotografías relacionadas a un hecho de abuso sexual explícito y explotación sexual.
El dato permitió identificar al acusado, ya que se lo rastreó a partir de diversos foros pedófilos, además de vincularlo con otras cuentas de internet, redes sociales y correos electrónicos.
