“Como todos ustedes saben, en los últimos días, el sector de la salud privada ha recibido reproches y observaciones por parte de funcionarios del gobierno nacional”, dijo Belocopitt en el comunicado de renuncia.
Y señaló que “con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud”.
Para el empresario, “debe ser prioridad de todas las asociaciones que integran la Federación poder seguir prestando el servicio de salud a más del 70% de la población argentina, con la misma calidad en la que se han invertido esfuerzos durante tantos años”.
“Por eso, se deben despejar subjetividades que obstruyan la posibilidad de encontrar salidas consensuadas, basadas en debates técnicos, realidades de mercado y equilibrios económico financieros”, indicó.
Belocopitt es el principal impulsor de los fuertes aumentos en las cuotas desatados luego del decreto que desreguló al sector.
Esos incrementos, que superan largamente el 150%, llevaron a que más del 10 por ciento de los afiliados a las prepagas deba darse de baja.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia avanza en la investigación sobre prepagas
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aclaró hoy que aún se está desarrollando el proceso de auditoría sobre el sistema de medicina prepaga y tras ese informe se determinará si incumplieron la ley y si son pasibles de multas. “La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) está investigando la conducta denunciada, cuando se concluya la investigación hay que determinar si las denunciadas incumplieron la ley. Si es así puede haber multas severas”, señalaron desde la dependencia.
Asimismo, se aclaró que “no se dan más declaraciones, ya que, todo esta en secreto de Sumario”.
Tras liberar los precios de la economía, las empresas de medicina prepaga aplicaron aumentos acumulados de cerca del 170% y el Gobierno decidió avanzar en una investigación por posible cartelización.
