Las actuaciones del caso iniciaron el 12 de agosto de 2021, cuando la ciudadana M.E.B. radicó la denuncia ante la U.E.A.M.M.y F. (Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia) de Policía, en contra de su vecino quien la habría interceptado cuando iba saliendo de su trabajo hacia su domicilio, momento en el que le habría pegado una palmada en la cola y empujado hacia las rejas de una escuela, donde le habría efectuado tocamientos en sus partes íntimas. Luego, la denunciante logró sacárselo de encima y al reconocerlo le gritó, por lo que éste le habría propinado un golpe de puño para luego salir corriendo.
La Jueza de Instrucción también resolvió imponer medidas de protección y restricción y la asistencia obligatoria a tratamiento terapéutico en una institución para adicciones al procesado, como así también trabar embargo por la suma de $100.000, para garantizar la pena pecuniaria y las costas del proceso.