El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció su plan para duplicar el tamaño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión de máxima seguridad que actualmente alberga a alrededor de 15.000 reclusos, incluidos cientos de migrantes deportados desde Estados Unidos y miembros de pandillas.
Originalmente diseñado para alojar hasta 40.000 presos, la búsqueda de ampliación aumentaría su capacidad hasta 80.000 internos, convirtiéndola en la mayor prisión del mundo por capacidad.
El Cecot fue inaugurado en 2023 como parte de la ofensiva de Bukele contra las pandillas en El Salvador, país que posee la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con uno de cada 57 ciudadanos en prisión.
La expansión fue discutida durante la visita de la secretaría de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, a San Salvador en marzo de 2025, en el marco de un acuerdo bilateral para recibir a deportados estadounidenses considerados criminales o miembros de pandillas.
Estados Unidos paga a El Salvador 6 millones de dólares anuales para mantener a estos deportados en el Cecot.
El plan de ampliación también responde al interés del expresidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que El Salvador podría albergar no solo a migrantes deportados, sino también a ciudadanos estadounidenses que cometan delitos violentos.
Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump llegó a decirle a Bukele que tendría que construir “como cinco cárceles más” para alojar a estos presos, a quienes denominó “criminales locales”.
Bukele ha mostrado disposición para colaborar en esta externalización del sistema penitenciario estadounidense, lo que ha generado controversia y cuestionamientos legales tanto en El Salvador como en Estados Unidos.
El Cecot ha sido objeto de denuncias por abusos a los derechos humanos y se le ha comparado con un “hoyo negro” o un “nuevo Guantánamo”, debido a la falta de independencia judicial y las condiciones de detención, especialmente para los migrantes deportados, quienes en muchos casos permanecen incomunicados y sin procesos legales claros.
La situación ha motivado acciones legales y protestas, como la del senador estadounidense Chris Van Hollen, que viajó a El Salvador para exigir la liberación de un salvadoreño deportado por error.
and then