La acusación de que Néstor y Cristina Kichner montaron “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país” con la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez, el análisis de cada una de esas licitaciones que fueron calificadas de “farsa” y la respuesta de funcionarios del gobierno nacional de que se trata de una causa armada. Así, entre tribunales y la política, comenzaron los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral a la Vicepresidenta y ex funcionarios de su gobierno.
Los fiscales iniciaron el lunes sus alegatos en la etapa final del juicio antes del veredicto. Lo iniciaron despejando una duda: si iban a acusar o no. Lo hicieron y dijeron que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita. La Vicepresidenta escuchó la imputación en su despacho del Senado desde donde se conectó a la videoconferencia por la que se hace el juicio.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, apuntó Luciani el primer día los alegatos y agregó que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares” que “tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos”.
Luciani contó que lo que entendió fue el inicio de la maniobra. Báez pasó de ser empleado bancario a crear la empresa Austral Construcciones pocos días antes que Néstor Kirchner asuma como presidente de la Nación en 2003. Los dos eran amigos y para eso recordó el testimonio que dio en el juicio el presidente Alberto Fernández. El propio presidente Alberto Fernández declaró que a Báez lo conoció en el Calafate cuando se lo presentó Néstor Kirchner en su casa”, dijo el fiscal y pasó el video de esa declaración.
Luego Báez compró el resto de las empresas constructoras de Santa Cruz y Kirchner llevó al gobierno nacional a los mismos funcionarios de obras públicas que en la provincia, como Julio De Vido en el ministerio de Planificación Federal, José López en la secretaría de Obras Públicas y Nelson Periotti en la dirección Nacional de Vialidad.
Así, las empresas de Báez recibieron 51 obras viales para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que son las que se analizan en el juicio. Se trata del 78 por ciento de obras que se asignaron a esa provincia en ese período. El fiscal detalló que solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonados, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.
En la primera audiencia Luciani sorprendió con una prueba que no se conocía: los mensajes de whatsapp del celular de López que le secuestraron cuando fue detenido en 2016 con los bolsos con nueve millones de dólares. De esos mensajes surje lo que el fiscal llamó el “plan limpiar todo”. Se trata de distintas reuniones los últimos días del segundo gobierno de Cristina Kirchner en 2015 en donde se acordó pagarle lo que se le debía a Báez antes de la asunción de Mauricio Macri. Fueron 537 millones de pesos.
Fueron reuniones de López con Cristina Kirchner en la quinta de Olivos y de la entonces presidenta con Báez en Santa Cruz. “José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”, fue uno de los mensajes que Báez le envió a López. La señora, dijo el fiscal, era Cristina Kichner.
En las audiencias del martes y del viernes —en las que Cristina Kirchner fue autorizada por el tribunal a no asistir— los fiscales Luciani y Mola analizaron cada de una de las 51 obras. “Todas las licitaciones fueron una farsa”, sostuvo Luciani.
La respuesta del oficialismo llegó el martes. Una gran cantidad de funcionarios del gobierno nacional y de dirigentes políticos publicaron en sus redes sociales críticas a los fiscales y apoyo a Cristina Kirchner. “A @CFKArgentina la persiguen por peronista, por sus convicciones y por los intereses que defiende, situación que el peronismo sufrió a largo de nuestra historia. Por eso, todas y todos con Cristina”, publicó el canciller Santiago Cafiero, uno de los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández. El ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el más kirchnerista del gabinete, hizo lo propio en varios mensajes: “Macri utilizó servicios de inteligencia, operadores judiciales (hoy prófugos), jueces y fiscales (que jugaban al paddle con él en Olivos) para perseguir a su principal adversaria política: la mujer que le puso un freno al saqueo y al endeudamiento del país. #TodosConCristina”
El que más repercusión tuvo fue el del ministro de Justicia, Martín Soria. “Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra @CFKArgentina entraba a escondidas al despacho de Pepín Simón y Macri en la Casa Rosada. No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país”, sostuvo y publicó que el fiscal Mola estuvo el 16 de junio de 2016 en la Casa Rosada.
Los fiscales Luciani y Mola tuvieron el apoyo de la Asociación de Magistrados. La entidad gremial y política de los jueces y fiscales nacionales y federales emitió un comunicado en el que sostuvo que las críticas son “una intromisión impropia e inadmisible de funcionarios del Poder Ejecutivo en el ámbito propio de otro Poder del Estado” y que “debe aspirarse a que a quienes se les ha confiado un cargo en el Poder Ejecutivo lo ejerzan con objetividad y respeto de la división republicana de poderes”.
El alegato de los fiscales continuará mañana a las 8:30 horas. Será la cuarta audiencia de las nueve que les asignaron los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El fiscal Luciani adelantó que utilizarán todas y que inclusive podrían necesitar más. A tres audiencias por semana —los lunes, martes y viernes—, la Fiscalía se extenderá por las próximas dos semanas.
Luego será el turno de las defensas. Cada una tendrá tres audiencias. La primera en alegar será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta.
