La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en sesión especial el proyecto de asistencia al turismo y el que plantea multas para la pesca ilegal, tras un caótico arranque por la puja entre oficialistas y opositores por el protocolo de sesiones.
Con 127 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara baja logró aprobar el proyecto que ya tenía media sanción del Senado, y lo convirtió en ley.
En tanto, cerca de las 5:00, se aprobó con 129 afirmativos -sin negativos ni abstenciones- y giró a la Cámara alta el texto que aumenta las multas sobre la pesca ilegal.
El debate tuvo la particularidad de que no participó el interbloque Juntos por el Cambio, que pese a estar de acuerdo con los proyectos y colaborado con su elaboración no participó de la sesión, ya que no quiso avalar la virtualidad que propuso el oficialismo con el apoyo de bloques minoritarios de la oposición.
Dentro de la batería de medidas para paliar la crisis y garantizar el sostenimiento del sector se incluye la prórroga del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta el 31 de diciembre de este año para todas las actividades paralizadas o que demuestren una facturación menor al 30% de la que tenían previamente a la pandemia.
Esto implica que el Estado se hace cargo del 50% del salario neto de los trabajadores de estos sectores, partiendo de un monto mínimo equivalente a un salario mínimo, vital y móvil y un máximo de dos.
El menú de herramientas de la normativa comprende además la reducción del 95% del pago de contribuciones patronales de empresas del rubro y la suspensión de medidas cautelares que ANSES y AFIP mantengan sobre contribuyentes.
También incluye la prórroga por 180 días de vencimientos de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias; y la reducción de alícuotas sobre el impuesto al cheque y otras operatorias hasta el 31 de diciembre.
En cuanto a los beneficios para consumidores, se establece un régimen de preventa que otorga por única vez un bono fiscal vacacional para las familias cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos para su uso dentro del país, si compran servicios turísticos antes de fin de año.
El crédito a favor de las personas humanas será del 50% del monto de cada compra de servicios turísticos dentro del país, aunque con un tope que queda librado a la reglamentación que determine el Poder Ejecutivo.
