La jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, ordenó este lunes un allanamiento a la sede central del gremio de Camioneros para buscar documentación sobre presuntos pagos ilegales por parte de la empresa Rey, de San Pedro, que sufrió un bloqueo en sus accesos por parte de dos dirigentes locales que reclamaban cuotas sindicales adeudadas.
Así lo confirmó el abogado del sindicato de los Moyano, Daniel Llermanos, quien precisó que el allanamiento tuvo como objetivo determinar si el dinero que habían percibido Maximiliano Emanuel Cabaleyro y Fernando José Espíndola, ambos detenidos, había sido efectivamente ingresado a la contabilidad del gremio.
Cabaleyro, concejal nicoleño del Frente de Todos, y Espíndola encabezaron una protesta contra la empresa de San Pedro, que la jueza calificó como “turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción”.
La empresa sampedrina es asistida técnicamente por la abogada y militante de Juntos por el Cambio, Florencia Arietto, históricamente enfrentada con los Moyano.
La semana anterior, la Cámara de Casación bonaerense rechazó sendos planteos de habeas corpus para que los detenidos recuperaran la libertad.
En ese marco, la jueza Maiztegui dispuso este lunes el procedimiento para establecer si el reclamo de ambos dirigentes efectivamente estaba relacionado con el pago de cuotas sindicales adeudadas o si se trataba de una acción de ambos por su propia cuenta, explicó Llermanos.
“Se llevaron toda la documentación que muestra que el dinero fue ingresado ese mismo día en la tesorería del sindicato. Fueron a reclamar una deuda, cobraron y trajeron la plata”, sintetizó.
“Hoy es un día de fiesta. No estamos seguros, pero creemos que es el allanamiento número mil que padece el sindicato”, ironizó Llermanos.
