En la madrugada de hoy miércoles. la División Trata de Personas de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- arrestó a Johana Romero, buscada desde mediados de 2021 por prostituir a I., su sobrina de crianza, de apenas 15 años al momento de los hechos, una adolescente oriunda de José C. Paz.
La acusada, investigada por la UFI N°14 de San Martín, cayó en el asentamiento Santa Isabel de Mariano Acosta, donde vivía con sus dos hijos menores, tras ser rastreada con seguimientos e intervenciones telefónicas. El premio para quien la traicione era grande, una de las mayores recompensas del país: el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido $5 millones a quien entregue información que lleve a su captura.
De acuerdo a su testimonio, I. fue entregada a un grupo de comerciantes peruanos que abusaron de ella. Según investigadores, Romero es la supuesta explotadora y cobradora del dinero de sus violaciones. Creen que, literalmente, intentó digitar la situación desde el minuto cero. Se sospecha que intentó coimear a la madre de I. para que se ajuste a su relato y que incluso una amiga de Romero acompañó a la madre para hacer la denuncia y así vigilarla de cerca. La amiga, extrañamente, nunca se presentó a declarar en la causa.
Romero, ex empleada de la Municipalidad de José C. Paz, estaba embarazada al momento de profugarse. Se sospecha que tuvo a su hijo en algún momento, pero un relevo intensivo de hospitales no indicó el parto. La impunidad con la que se movió mientras la ley la buscaba fue notable. Infobae pudo constatar a través de sus registros que, al menos hasta noviembre de 2022, todavía cobraba un plan social del Programa Hogar para acceder a una garrafa. Fuentes del expediente aseguraron a este medio que la madre de Romero, una figura de peso en los entramados barriales de José C. Paz, fue investigada por supuestamente asistirla en su fuga, lo mismo una serie de primas de la imputada en uno de los casos de prostitución infantil más aberrantes de la historia reciente.
